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Ley venezolana de régimen cambiario facilitará lucha contra guerra económica

Ley venezolana de régimen cambiario  facilitará lucha contra guerra económica

Grandes transacciones financieras de empresas serán pechadas con 0,75%

Caracas El decreto con rango, valor y fuerza de ley de régimen cambiario, que fue aprobada vía habilitante por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tiene la finalidad de combatir la guerra económica orquestada por sectores de la derecha, para resguardar los ingresos de la ciudadanía.

La exposición de motivos de la Ley, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.210 del pasado 30 de diciembre, plantea que ésta comprende la aplicación de diferentes mecanismos de protección, en tiempos en que actores económicos, amparados en supuestas teorías liberales construyen y/o fomentan la guerra económica, con el propósito de alcanzar sus objetivos políticos o convertirla en su fuente de enriquecimiento.

Antes estas acciones, el Gobierno nacional debe ejercer su función rectora de economía nacional, y cumplir el artículo 320 de la Constitución, que reza que “el El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social”.

La Ley dispone que el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) atenderá la asignación de divisas de acuerdo con las principios socio-económicos que tienen como norte asegurar el desarrollo humano integral de los venezolanos.

De este modo, los actores que reciban las divisas para cubrir necesidades esenciales deberán emplearlas para promover la generación de fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica.

Tal y como anunció el jefe de Estado el pasado 30 de diciembre, la Ley establece la implementación del certificado de producción, que será obligatorio para solicitar ante Cencoex las divisas destinadas a la importación de insumos, servicios bienes de capital, o cualquier otro componente productivo.

Por su parte, las divisas destinadas a cubrir los gastos públicos y a las necesidades esenciales de la sociedad, como medicinas, alimentos, vivienda y educación, serán asignadas y fiscalizadas por Cencoex.

El Gobierno podrá dictar regulaciones sectoriales para agilizar o simplificar los trámites requeridos para solicitud de divisas concernientes a las actividades que tienen como norte la satisfacción de las necesidades prioritarias.

Los importadores deberán indicar el origen de las divisas, y los exportadores de bienes y servicios tendrán la obligación de declara al Banco Central de Venezuela (BCV), y al Cencoex- a través de un operador autorizado- los montos en divisas y las características de cada operación, cuando supere los 10.000 dólares, o su equivalente en otra moneda.

Ilícitos cambiarios

La nueva Ley plantea una serie de ilícitos cambiarios, como la fijación de una pena de prisión de entre siete y 12 años “a quienes promocionen, comercialicen o determinen precios de bienes y servicios a una tasa de cambio que no sea la oficial”, así como una multa de 200% de la diferencia entre el valor de la divisa fijado por el infractor, con respecto al valor real de la operación.

La presentación de informes, balances, estados financieros y recaudos forjados será castigada con una pena de tres a cinco años de prisión y una multa equivalente a 10 Unidades Tributarias (UT) por cada dólar o su equivalente en otra divisa.

A su vez, la adquisición de divisas bajo engaño, alegando causa falsa o usando medios fraudulentos, serán sancionados con prisión de cuatro a ocho años y una multa equivalente a 12 UT por cada dólar o su equivalente en otra divisa.

Por su parte, el uso de las divisas para fines distintos a los que motivaron su solicitud será sancionada con pena de cárcel de entre tres a siete años y multa de 10 UT por cada dólar o su equivalente en otra divisa.

La difusión de información falsa o fraudulenta sobre el tipo de cambio, que contraríe o distorsione los valores aplicables al tipo de cambio fijando por el Gobierno y el BCV, será castigada sancionada con prisión de 10 a 15 años.

Esta sanción aplicará sobre quienes participen de forma directa o indirecta en la “elaboración de cualquier engaño o artificio, con la finalidad de difundir vía electrónica, televisión, radio o comunicación de cualquier tipo, escritos, señales, imágenes o sonidos información falsa o fraudulenta”.

A su vez, aquellas personas que de manera directa o indirecta promuevan o estimulen la comisión de ilícitos cambiarios, se les aplicará una pena de cárcel de cuatro a ocho años y multa equivalente a 10 UT por cada dólar o su equivalente en otra moneda.

Si los ilícitos cambiarios establecidos en la Ley se cometen mediante el uso “de medios electrónicos o informáticos, o de especiales conocimientos o instrumentos propios de la materia bancaria, financiera o contable”. la pena será aumentada de un tercio a la mitad.

En la normativa también se promueve la transparencia de los entes de la Administración Pública Nacional y los operadores cambiarios, pues aquel personal que incurran o coadyuven en la ejecución de ilícitos cambiarios ” se les aplicará la pena del ilícito cometido aumentada de un tercio a la mitad, sin menoscabo de las sanciones civiles, administrativas y disciplinarias, a las que haya lugar”.

Asimismo, indica que las divisas para pagar consumos con tarjetas de crédito en el exterior o por medios electrónico se mantendrán sólo para venezolanos residentes de forma permanente en el país.

Impuesto a grandes transacciones financieras

La Ley a las Grandes Transacciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6210, establece una alícuota de 0,75% para las transacciones bancarias de personas jurídicas y naturales, calificadas como sujeto pasivo especial por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Esto incluye débitos en cuentas bancarias, de corresponsalía, depósitos en custodia, a la vista, fondos de activos líquidos realizados en bancos u otras instituciones financieras, así como la adquisición de cheques de gerencia en efectivo, la cesión de cheques, valores, depósitos en custodio pagados en efectivo y cualquier otro instrumento negociables, a partir del segundo endoso.

La legislación establece que las empresas no deberán trasladar a los trabajadores, pensionados o jubilados el monto del impuesto que paguen al pagar dichas prestaciones por intermedio de las correspondientes cuentas de nómina.

De igual manera, se indica que el pago de este tributo no es deducible para el Impuesto Sobre la Renta (ISLR), por considerar que con de naturaleza distinta.

Asimismo, atribuye al Seniat la facultad de designar agentes de retención de este impuesto, siempre y cuando tengan la capacidad real de cumplir estas funciones.

Están exentos de pagar este impuesto el BCV y las demás entidades públicas nacionales, así como los débitos producto de la compra, venta, y transferencia de la custodia en títulos valores emitidos por la República y los títulos negociados en la Bolsa de Valores o Agrícola.

Además, está exento del pago del impuesto el primer endoso que se realice en cheques, valores, depósitos en custodia pagados en efectivo, y cualquier otro instrumento negociable.

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (Miércoles 06/01/2016)